El último martes, en el Congreso
de la República, el pleno agrario puso en debate el proyecto de Ley N° 05615
que propone la creación de una pensión digna y justa para los agricultores
peruanos, iniciativa presentada por la congresista cajamarquina Felicita
Tocto Guerrero.
Este proyecto tuvo un dictamen que fue aprobado en mayoría en la Comisión Agraria, pero en el debate, la fujimorista Martha Chávez Cossio, cuestionó la propuesta aduciendo que no tenía la debida sustentación, solicitó que pase a una cuestión previa para su evaluación.
La propuesta fujimorista fue respaldada por congresistas del partido Morado, Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Fuerza Popular, yendo en contra de los agricultores de todo el Perú, aunque las bancadas de Somos Perú, Unión por el Perú y Frepap respaldaron la iniciativa que busca reconocer y valorar el trabajo de los agricultores en nuestro país.
Por Cajamarca, Walter Benavides Gavidia, Mirtha Vásquez y Napoleón Vigo les dieron la espalda a los agricultores, se opusieron a la aprobación de este proyecto de ley y respaldaron la propuesta fujimorista; en tanto, Hans Troyes de Acción Popular no respondió al llamado para su voto.
Por su parte, la congresista Felicita Tocto Guerrero manifestó: “Porque nos eligieron para caminar donde el pueblo nos indique, hoy no se pudo, nos ganaron los grandes intereses y grupos de poder de este país, pero persistiremos por nuestros agricultores, hombres y mujeres del campo que trabajan de sol a sol con alma, corazón y vida para alimentar a las ciudades. Por ellos, continuaremos en la lucha hasta lograr una ley que le otorgue una pensión digna y justa a este sector marginado por décadas en nuestra patria, pensión que será financiada por las grandes agroexportadoras y agroindustriales, no por el Estado”.
Financiamiento
El proyecto rechazado planea un régimen especial llamado “REPA”, que sería administrado por un fondo denominado “FONAGRI”, donde las grandes empresas transnacionales dedicadas al rubro de la agricultura como agroexportadoras y agroindustriales, aportarían solo 20 soles por tonelada comercializada; más el aporte significativo de los beneficiarios, no generando ningún costo al Estado.
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